Incorporan tecnología y capacitación para prevenir delitos y fraudes en el mercado asegurador

La iniciativa, considerada inédita en el ámbito, busca fortalecer el vínculo institucional y establecer un marco formal para el desarrollo de acciones conjuntas con impacto social.

Según informaron fuentes del sector a la Agencia Noticias Argentinas, los convenios representan un avance significativo al generar un canal de articulación entre el organismo encargado de investigar conductas ilícitas y un sector particularmente expuesto a este tipo de delitos. En ese sentido, se apunta a mejorar el conocimiento técnico y a incorporar herramientas que fortalezcan las investigaciones judiciales.

En total, se firmaron tres acuerdos institucionales orientados a profundizar la cooperación, promover la capacitación de los equipos y avanzar en el desarrollo de soluciones tecnológicas que optimicen la prevención del delito.

Los convenios fueron suscriptos por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte-Grand, en representación del Ministerio Público, y por el presidente de ADEAA, Aldo A. Álvarez, en nombre de la entidad que nuclea a 30 compañías de seguros de capital nacional y privado.

El primero de los acuerdos establece un convenio marco de colaboración para crear un ámbito permanente de cooperación. A través de este instrumento se impulsará el intercambio de información, el desarrollo de acciones conjuntas, la realización de reuniones periódicas y la coordinación de iniciativas destinadas a fortalecer la seguridad pública, el acceso a la justicia y la calidad de los servicios brindados a la sociedad.

Sobre esa base, se firmaron además dos convenios específicos. El de capacitación prevé la organización conjunta de programas de formación, jornadas y cursos para mejorar las capacidades técnicas de los equipos. En este esquema, el Ministerio Público aportará especialistas para el dictado de contenidos, mientras que ADEAA brindará apoyo logístico y organizativo.

El segundo acuerdo, de cooperación tecnológica, apunta al desarrollo e implementación de herramientas informáticas y soluciones digitales que permitan un intercambio de información más seguro y eficiente entre ambas partes. El objetivo es agilizar las investigaciones penales y optimizar recursos mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Asimismo, se contempla la posibilidad de sumar a otros organismos públicos en las actividades de capacitación y realizar encuentros periódicos de seguimiento para evaluar el avance de los proyectos.

De acuerdo con datos del sector, el fraude genera un incremento de entre el 15% y el 20% en el costo de las coberturas. Además, una de cada tres denuncias de siniestros presenta indicios de irregularidades, el 65% de los casos investigados corresponde al rubro automotor y el 70% de las detecciones se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).